La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial suspendió por seis meses al juez Juan Varillas Solano, titular del Séptimo Juzgado Civil-Comercial de Lima. La medida preventiva alcanza al magistrado que dictó con celeridad una medida cautelar que paralizó la transferencia del Grupo El Comercio, América Televisión y Canal N a favor de Inversiones Newscorp S.A.C. y de César Rodríguez Larraín Salinas.
Según la Resolución emitida el 20 de agosto, el juez investigado enfrenta cuatro cargos: la redacción de proyectos judiciales fuera de las computadoras oficiales del Poder Judicial y su traslado en un USB personal; una presunta falta a la verdad sobre el modo en que revisó esa resolución; la negación a entregar el dispositivo USB solicitado por el órgano de control; y el otorgamiento de la medida cautelar en perjuicio de otros 99 expedientes que esperaban pronunciamiento del juzgado.
No es la primera vez que Varillas Solano enfrenta un proceso disciplinario. El magistrado acumula dos sanciones de suspensión anteriores, en los periodos 2016-2017 y 2024-2025, y desde octubre de 2024 pesa sobre él un pedido de destitución formulado por la Unidad de Sanción y Apelación de la propia ANC, que a la fecha continúa en trámite ante la Junta Nacional de Justicia.
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El cargo por redactar resoluciones fuera del Poder Judicial
Según la resolución, el primer cargo imputado al magistrado sostiene que proyectó resoluciones judiciales en equipos ajenos a la institución y las trasladó en un dispositivo personal sin ningún resguardo de seguridad.
"Estaría proyectando las resoluciones judiciales en equipos de cómputo que no pertenecen al Poder Judicial y transportando dichos proyectos en un dispositivo USB de uso personal, sin ningún tipo de control de seguridad o encriptación, poniendo con ello en peligro el trámite mismo de los procesos, cuya información privilegiada y confidencial, es pasible de perderse o de caer en manos de terceros que pueden usar esta información para fines ilícitos”, se lee.
Cabe señalar que fue el propio juez quien reconoció esta práctica en su declaración del último 3 de agosto. "Asimismo, por la falta de tiempo para poder trabajar en las horas, me llevo algunas medidas cautelares a mi domicilio y las trabajo en un USB sin que las mismas queden registradas”, mencionó.
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Asimismo, sobre el expediente N. 20869-2026-43, que es el que contiene la medida cautelar del caso El Comercio, precisó que lo examinó fuera del PJ. "Lo trabajé en mi casa y lo traje en un USB y luego lo revisé aquí en mi despacho varias veces y lo pasé a mi asistente en el USB quien lo colgó en el sistema”.
Esto fue contrastado con el informe técnico que elaboró la Unidad de Investigación y Análisis de la ANC, que revisó las propiedades del archivo. El reporte ubicó su creación el 30 de julio a las 11:28:32 a. m., su modificación a las 11:40:29 a. m. del mismo día y un tiempo de edición de cero minutos, con el campo de autor en blanco. "El archivo ha sido creado por el usuario" “No es un equipo que pertenece al Poder Judicial”, concluyó el informe.
Para la ANC, ese "cero minutos" es la prueba clave, ya que si el juez hubiera escrito el fallo en su computadora del juzgado, el archivo mostraría horas de trabajo, con pausas y correcciones. En cambio, el registro indica que el texto llegó ya armado desde afuera y se subió de un solo golpe. Según el órgano de control eso equivale a incumplir el deber de todo juez de trabajar con transparencia y guardar una conducta intachable.
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Segundo cargo: Varillas habría mentido sobre cuándo revisó el documento
El segundo cargo tiene que ver con lo que el propio juez dijo, no ya con lo que hizo. Varillas aseguró que revisó "varias veces" el proyecto en su despacho antes de que su asistente lo subiera al sistema. Pero, si el tiempo de edición del archivo fue de cero minutos, esa revisión detallada dentro de la oficina no habría sido posible, por lo que pese a sus palabras no hay ningún rastro de que el documento se haya tocado ahí.
Debido a esa contradicción, la ANC considera que el magistrado podría haber faltado a la verdad, algo que el Código de Ética del Poder Judicial prohíbe de forma expresa a cualquier juez.
El tercer cargo: no entregó el USB que prometió
El tercer cargo es acerca del compromiso que fue incumplido. Cuando los investigadores de la ANC visitaron el juzgado el pasado 3 de agosto, le pidieron al juez el USB en el que se había trabajado la resolución. Varillas Solano aceptó entregarlo en esa misma semana, el viernes 7 de agosto. Sin embargo, esa fecha llegó y pasó, y el dispositivo nunca llegó a manos del órgano de control. La ANC sostiene que no cooperar con una investigación de este tipo es una falta grave, porque bloquea el trabajo mismo de fiscalización que le corresponde hacer a la mencionada institución.
Cuarto cargo: ¿por qué Varillas priorizó este caso sobre otros?
El cuarto cargo se debe a que en los juzgados los casos deberían resolverse en el orden en que llegan, salvo que exista una razón de mucha importancia para saltarse ese orden, esto puede ser una emergencia de salud, un tema constitucional urgente, algo así. La demanda de los accionistas de El Comercio ingresó al juzgado el 21 de julio de este año y el juez ya tenía lista la resolución cautelar apenas tres días hábiles después.
El problema es lo que había detrás de ese expediente. En ese mismo momento, el juzgado tenía 99 solicitudes cautelares esperando turno, algunas hace mucho tiempo: un caso llevaba más de seis meses sin que el juez se pronunciara siquiera sobre si era admisible, y otro acumulaba casi seis meses de espera para un trámite tan simple como una subsanación. Mientras esos expedientes seguían pendientes de revisar, el del caso El Comercio avanzó casi de inmediato.
Fuente original: La Republica