Keiko Fujimori volvió a poner presión sobre el Congreso. Durante su visita a San Martín este jueves 3 de septiembre, la mandataria invocó al Legislativo a agilizar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, con el fin de contar con nuevas herramientas para enfrentar la criminalidad organizada.
La presidenta dijo que estas facultades son indispensables para determinar a las organizaciones criminales como "grupos hostiles" y como "grupos terroristas", una calificación que endurecería el marco legal para perseguirlas.
Uno de los puntos que más detalló fue el estado del sistema de inteligencia. "Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia porque desde hace unos años no tiene capacidad operativa", afirmó. Con esa frase, la presidenta reconoció una debilidad estructural que, según dijo, limita la capacidad del Estado para anticipar y desarticular bandas criminales antes de que actúen.
La mandataria también habló sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Pidió que la PNP y las FFAA actúen de manera conjunta y asuman mayor control de los penales del país. A esa lista sumó otro punto: una política para acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados, que forma parte del mismo paquete de seguridad.
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Un día antes, en Piura, ya había defendido el mismo pedido
La presidenta no habló del tema por primera vez en San Martín. Un día antes, durante una visita a Piura para supervisar los trabajos de descolmatación del río por el fenómeno de El Niño, ya había defendido el pedido de facultades ante una pregunta directa sobre las más de 13,000 denuncias de extorsión registradas en el país. Estas facultades nos van a permitir, entre otras cosas, fortalecer la inteligencia para obtener la información antes que sucedan los hechos, sostuvo en esa oportunidad.
En Piura, Fujimori usó casi los mismos términos que repitió luego en San Martín. Señaló que el Gobierno busca contar con herramientas para declarar como grupos hostiles no solo a organizaciones terroristas, sino también a bandas criminales. También mencionó, igual que un día después, la política de expulsión de migrantes indocumentados y la necesidad de que las Fuerzas Armadas tomen control de los penales.
La insistencia no es casual. Dos días antes de su paso por Piura, la presidenta había guardado silencio público durante varias jornadas, en medio de las críticas por el cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo durante el secuestro de un empresario minero. En esa misma visita a Piura, evitó adelantar conclusiones sobre el caso, pero aseguró que los detenidos habrían reconocido su participación y que existirían documentos firmados como parte de las diligencias.
Fuente original: La Republica